Innovación pública en la relación Estado – ciudadano
En los últimos años, el término innovación se ha venido posicionando en diferentes sectores sociales y empresariales como una ventana de oportunidad para lograr mayores y mejores aportes a la sociedad.
Si bien no hay un consenso de cuándo o por qué nace el concepto de ‘innovación pública’, es evidente que surge de una necesidad de un Estado que no ha logrado relacionarse de manera efectiva con los ciudadanos y de una creciente demanda por mejorar la eficiencia y eficacia en la calidad de los servicios públicos.
Fenómenos recientes de cambio acelerado como la digitalización, la urbanización, la globalización y el crecimiento demográfico conllevan niveles cada vez más altos de complejidad e incertidumbre. Este contexto reta la capacidad de respuesta de los gobiernos y revela la pertinencia de nuevas formas para generar valor público, modernizar la relación con la ciudadanía y aportar nuevos canales de participación y de colaboración.
Como respuesta a esto, muchos gobiernos están explorando lo que significa realmente “hacer” la innovación en el sector público. Todos sabemos que lograr que la innovación suceda y que realmente se adhiera, en un contexto en donde todavía pesa la burocracia gubernamental y los entornos políticos son cambiantes, implica muchos retos y desafíos. La creación de laboratorios y/o de oficinas de innovación constituyen un paso interesante en la forma como se concibe la gestión pública.
En América Latina y en la región hay varios ejemplos de iniciativas que buscan implementar estas apuestas. Entre ellos se pueden mencionar el Gob Lab de Chile y el Laboratorio de la Ciudad de Buenos Aires. En Colombia hay varias iniciativas que han sido pioneras en materia de innovación pública: tal es el caso del equipo de Innovación Pública del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que tiene como objetivo liderar la Política Pública de Innovación Pública para el país. Así mismo, existen ejemplos a nivel subnacional como el Centro de Innovación Social (CISNA), en Nariño, o el Lab Capital de la Veeduría Distrital de Bogotá. Muchas de estas iniciativas son relativamente recientes, por lo que todavía se encuentran en desarrollo y en proceso de experimentación para obtener los resultados y lograr las transformaciones que se persiguen.
El gran diferencial que existe entre la forma tradicional de diseñar política pública a la que propone un abordaje desde la innovación, está centrado en tres grandes pilares:
- Se asume el fracaso como una oportunidad y no como un riesgo; se reconoce la complejidad e incertidumbre desde el inicio y mediante la experimentación, iteración y validación se gana conocimiento y se adquieren respuestas adecuadas a los distintos contextos y necesidades ciudadanas.
- Se trabajan metodologías centradas en el usuario; es decir, se busca transformar la manera de entender los procesos a través de un cambio de foco desde la oferta (la organización gubernamental) a uno centrado en la demanda (los ciudadanos). Este cambio de enfoque significa que los procesos de innovación se inician a partir de una mirada en los problemas de los usuarios, para luego proponer soluciones y llevarlas a cabo.
- La cocreación o colaboración permite tener una visión más holística de los problemas, incorporando desde el inicio a los usuarios o receptores de la política, los cuales contribuyen a soluciones basadas en la evidencia y no en los supuestos. Este proceso genera sostenibilidad en tanto que produce apropiación y fomenta la corresponsabilidad por parte de los ciudadanos.
Una de las grandes barreras con las que se enfrenta una efectiva implementación de innovación pública son las brechas existentes entre los ciudadanos y el Estado, que se traducen, por ejemplo, en la alta desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones públicas y viceversa; en la apatía ciudadana por los asuntos públicos y en una débil cultura cívica. Si bien los principios de innovación pública (diseño centrado en el usuario y cocreación) en sí mismos buscan superar dichas barreras, se requiere de cambios institucionales y culturales favorables a esta clase de innovación.
Por eso, aspectos como la transparencia (apertura), la participación ciudadana efectiva, la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, y la evaluación y control ciudadanos de los resultados gubernamentales, se constituyen en pilares estructurales de este cambio de modelo.
En definitiva, la implementación de la innovación pública es necesaria para transformar la relación entre el Estado y los ciudadanos y mejorar la efectividad y sostenibilidad de las políticas, pero para esto se requiere de cambios de modelos y de paradigmas que generen un contexto habilitante que debe comprender las brechas existentes. La voluntad política, la definición de marcos normativos y la destinación de presupuesto son necesarios para empezar a dar estos pasos que se requieren para modernizar la gestión pública en el país. Aprender de experiencias internacionales y valorar las ya existentes en el país son indispensables para que pasemos del dicho al hecho en Colombia.
Mónica Villegas Carrasquilla
Gerente de proyectos Fundación Corona
Aliado de Origen en el programa ‘Liderazgo Público Transformador’
